«Luego de la apelación el TCE tiene 10 días hábiles para generar otra sentencia que esperemos que sea ratificatoria de la primera instancia», dijo la excandidata al Cpccs, Pamela Troya sobre la destitución de los miembros de la ‘liga azul’.
«En función de las pruebas que presentamos es que se da esa sentencia (…) así que lo más evidente, lo más lógico, lo que sería en derecho es que el TCE sentencie de la misma manera», insistió Troya en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas, este jueves 5 de septiembre de 2024.
El 3 de septiembre de 2024, se conoció la sentencia del juez del TCE Fernando Muñoz sobre la denuncia de Pamela Troya y Santiago Becdach. Estos últimos acusaron a cuatro vocales del Cpccs (dos principales y dos suplentes) de una infracción electoral grave.
La acusación tiene que ver con proselitismo político. El caso está relacionado con la denominada ‘Liga Azul’. Se refiere a los consejeros que, durante la campaña para llegar al Cpccs, aparecieron en videos con los colores y frase de Revolución Ciudadana.
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Muñoz decidió la destitución de los consejeros principales Augusto Verduga, Yadira Saltos; además de los suplentes Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor.
Sin embargo, se trata de una sentencia de primera instancia y los consejeros adelantaron que apelarán la decisión. Según Troya, «mientras no exista la segunda instancia lamentablemente van a seguir en funciones».
Troya insistió en que la sentencia de segunda instancia no solo sea ratificatoria, sino «coherente» con la sentencia 11-2023 del TCE en la que se sancionó a Alembert Vera «en los mismos términos por pertenecer a esta autodenominada ‘liga azul’ que fue promocionada, de manera deliberada, por el partido Revolución Ciudadana«.
«Nada de esto estuviera pasando si el Consejo Nacional Electoral hubiese hecho su trabajo, que era fiscalizar el proceso y cancelar las candidaturas de las personas que estaban incumpliendo la ley», denunció Troya y cuestionó «por qué hicieron caso omiso» a las violaciones a la ley.
Finalmente, Troya aseguró que si el Cpccs no tuviera entre sus funciones la designación de autoridades de control «ningún partido político estaría interesado en tomarse el Consejo de Participación Ciudadana». Ante lo que apuntó el acelerado proceso que se ha emprendido para aprobar el reglamento para nombrar al nuevo Fiscal General, a la par de la reactivación del juicio político contra Diana Salazar, en la Asamblea Nacional.
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