En la Asamblea hay la sospecha que el Gobierno está detrás de la decisión de la jueza de El Oro, Karina Izurieta. Por eso, la mayoría legislativa aseguró este 31 de enero del 2023 que no acatará ninguna resolución que venga de su despacho.
El 30 de enero del 2023, Izurieta dio un plazo de 72 horas para que los parlamentarios posesionen a los siete nuevos integrantes del Consejo. Incluso les advirtió que se «abstengan de realizar cualquier acto tendiente a dilatar la ejecución de la presente resolución». En caso de hacerlo, describió Izurieta, se activará un proceso constitucional para destituirlos de sus curules por incumplimiento de la norma.
El asambleísta del Partido Social Cristiano Esteban Torres fue el primero que cuestionó a la judicial. Él dijo que esta resolución como un artimaña del Gobierno para sacar de la presidencia del Consejo de la Judicatura a Álvaro Román. El motivo sería las primeras acciones de Román, que determinaron la salida del juez de La Concordia, Ángel Lindao.
Ese juez había logrado frenar la destitución de los antiguos consejeros de Participación Ciudadana, que finalmente dejaron sus cargos por orden de la Corte Constitucional.
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«Los suplentes de los suplentes»
La mayoría legislativa, conformada por las bancadas de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y del ala rebelde de Pachakutik, firmaron un comunicado para rechazar la sentencia de la jueza Izurieta.
Los partidos coincidente que se pretende posesionar a «los suplentes de los suplentes» del Consejo de Participación Ciudadana. Además, aseguraron que la resolución de la judicial de El Oro viola las disposiciones que dio la Corte Constitucional.
Por eso acordaron que no acatarán ese fallo y anunciaron que presentarán una queja disciplinaria en su contra en el Consejo de la Judicatura. Su intención es que ella también sea destituida.
No obstante, hay voces de asambleístas que aseguran que se debe cumplir con esa disposición. Por ejemplo, Ricardo Vanegas, de Pachakutik, dijo que es un cálculo político. «Sumar y restar ha sido la tarea de la mayoría de la Asamblea para tener el control del Consejo de Participación desde noviembre de 2022».